Reelección presidencial y Odebrecht acapararon atención de las Altas Cortes

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LIDERES POLÍTICOS. La Suprema Corte de Justicia, por su naturaleza, fue la alta corte que acaparó la atención de la población durante el año 2018, no solo por sus sentencias sino también por las tensiones que generó el caso Odebrecht entre sus integrantes, así como por la creación del tan esperado reglamento para la realización de juicios disciplinarios a jueces y servidores judiciales.

Si bien es cierto que la mayor parte del 2018 los medios de comunicación dieron cobertura a lo que pasa en la Suprema, el Tribunal Constitucional evacuó la sentencia que muchos consideran fue determinante para que se convocara al Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir a cuatro de sus miembros, así como para evaluar a los de la Suprema Corte que ya cumplen el período por el que fueron electos.

Declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo transitorio de la Constitución que inhabilita al presidente de la República, Danilo Medina, para optar por un nuevo período de gobierno.

Los jueces expresaron que lo referente a la reelección presidencial, es competencia de la Asamblea Nacional Revisora porque la Constitución no puede ser contraria a sí misma. Explicaron, además, que la Suprema, actuando como corte constitucional, estableció un precedente en ese sentido y que la ley Orgánica del TC describe que pueden ser impugnadas por la vía de acción directa de inconstitucionalidad, las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y ordenanzas, no así la Constitución.

Otra de las decisiones trascendentales, emitidas por el Constitucional este año, fue la ratificación de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que afirmó que existía un monopolio en el sector transporte de carga que viola el derecho a la libre empresa, la libertad de tránsito y el trabajo. También invalidó la resolución de la Suprema Corte que obliga al uso de la fuerza pública para la ejecución de las sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos y prohibió a la Procuraduría General de la República hacer constar en los certificados de No Antecedentes Penales que una persona tiene un proceso judicial abierto.