¡Licencia o renuncia! PC considera “descarada” participación de funcionarios públicos en campaña

LIDERES POLÍTICOS. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) rechazó la designación de funcionarios públicos para integrarse a la campaña del aspirante presidencial Gonzalo Castillo, al asegurar que es una violación a la normativa que rompe con la equidad entre los participantes en el proceso.

Recordó que la Ley 41-08 de Función Pública es muy clara en su artículo 80, numeral 13 al prohibir a los funcionarios públicos “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.

Entre los funcionarios que trabajan por la candidatura de Castillo están: el Administrador del Banco de Reservas, el Director del Banco Agrícola, el Director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Director de Aduanas, el Superintendente de Bancos, el Director de Presupuesto, el Director de SeNaSa, el Director del INDOTEL, el Director de OISOE, el Superintendente de Valores, entre otros.

Participación Ciudadana entiende que eso deja claro lo vulnerable que es para el sistema económico del país que funcionarios de la banca estén vinculados a este tipo de actividad.

En ese sentido, exigió que todos los funcionarios públicos que se han integrado a la precampaña de Gonzalo Castillo tomen licencia o renuncien de sus funciones.

Explica que para su precampaña Castillo ha designado como coordinadores y miembros de su equipo político con tareas territoriales a por lo menos quince ministros, entre los que se encuentran los ministerios de Agricultura, Turismo, Cultura, Industria y Comercio, Economía, Planificación y Desarrollo, Interior y Policía, Educación, Salud, Administración Pública, Medio ambiente, Ministerio de la Juventud y Administrativo de la presidencia. “Todos estos funcionarios son parte de los recursos que dispone el Estado y que ahora serán utilizados para fines partidarios con absoluto desparpajo, en la cara de toda la ciudadanía, sin el menor respeto por las leyes y las reglas que norman la función pública y las actividades electorales”, indicó el Consejo Nacional de PC.

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